Economía y Política: Análisis de Coyuntura Legislativahttp://hdl.handle.net/11445/412024-03-28T12:47:49Z2024-03-28T12:47:49ZEconomía y Política. No. 71. Noviembre 2017 Fedesarrollohttp://hdl.handle.net/11445/34892017-11-28T16:30:47Z2017-11-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 71. Noviembre 2017
Fedesarrollo
Saavedra, Víctor
El Acuerdo Final con las FARC estableció en el punto 2.3.4 que se conformaría una Misión Electoral Especial (MEE) para proponer una reforma política con el propósito de lograr mayor autonomía e independencia de la autoridad electoral, modernizar y hacer más transparente el sistema de elecciones y dar mayores garantías para la participación política en condiciones de igualdad. La MEE se conformó con seis integrantes1 y entregó las propuestas de reforma en abril de 2017.
Con base en las recomendaciones de la MEE y las discusiones con los Partidos Políticos, el gobierno radicó un proyecto de acto legislativo en el Congreso2 en el marco del Fast-Track, que permite la aprobación de una reforma constitucional en cuatro debates en lugar de los ocho regulares. El proyecto fue radicado el 17 de mayo y tomó casi 6 meses, hasta el 7 de noviembre, para su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate. La aprobación en el Senado debe hacerse de forma expedita antes de la terminación del Fast-track el 30 de noviembre.
La reforma política discutida en el Congreso presenta algunos avances, pero se desvía de forma significativa de las recomen-daciones de la MEE que en términos generales coincidían con lo que habíamos planteado como deseable en nuestra edición de Economía y Política del mes de marzo pasado: mejorar la capacidad técnica y autonomía política del Consejo Nacional Electoral, y el tránsito a listas cerradas en la elección al Senado.
El principal efecto positivo del texto aprobado por la Cámara de Representantes y del que aparecía en la ponencia original de la Comisión Primera del Senado -que era despolitizar la elección de los magistrados del CNE- terminó siendo supri¬mido para la Plenaria. Por su parte, la eliminación durante la discusión en el Congreso del tránsito hacia listas cerradas, así como la presentación de listas por Movimientos Políticos, no sólo van en contra de las recomendaciones de la MEE, sino que afectan la consolidación de los partidos. Sobre el financiamiento de las campañas, los cambios resultantes del texto de ponencia del Senado no dan garantía de mayor transparencia, aunque la rendición de cuentas de los partidos y el registro de la información financiera serían importantes si se lograra tener un CNE autónomo.
Por otra parte, con el acto legislativo se tomaron decisiones que benefician de forma inmediata a los actuales congresistas en un periodo pre-electoral mediante mecanismos como la posibilidad de armar listas conjuntas y el transfuguismo, que poco contribuyen al propósito declarado de fortalecer los partidos políticos. En definitiva, el texto de la Plenaria del Senado no es un avance en la transparencia del sistema político.
2017-11-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 70. Septiembre 2017Fedesarrollohttp://hdl.handle.net/11445/34502019-11-13T01:43:17Z2017-09-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 70. Septiembre 2017
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Saavedra, Víctor
Uno de los principales riesgos en el post-acuerdo con las FARC es que se consoliden redes que suplan los espacios de esta guerrilla (y eventualmente del ELN), por lo cual el aumento del área cultivada, y del número de familias dedicadas a la producción de coca pueden comprometer los beneficios del proceso de paz.
En 2016, según el monitoreo que realiza la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (UNODC), en Colombia hubo un incremento frente al año anterior de 52% en el área cultivada. Las dos mediciones sobre el área cultivada de coca en el país, la de UNODC y la del gobierno de los Estados Unidos, muestran tres periodos: un estancamiento del potencial de producción entre 2002 y 2006, una tendencia decreciente en el área cultivada entre 2007 y 2013 -con una reducción que alcanzó el 51%-, y un aumento de 2013 a 2016 cifrado entre 133% y 203%, dependiendo de la fuente.
Las opciones para hacer frente a este fenómeno son la erradicación aérea, la erradicación manual, o la interdicción en el tráfico. El documento anexo considera estas alternativas y las normas que ha expedido el gobierno en el desarrollo de la política pública.
En el marco del proceso de paz es central la erradicación voluntaria y la sustitución, para lo cual la principal herramienta debería ser la realización de inversiones y el pago de compensaciones en las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos. Sin embargo, es importante aclarar la disponibilidad de recursos presupuestales y resolver los incentivos perversos que se generan con los subsidios a las familias cultivadoras, que se hicieron evidentes en los últimos años.
Si estas estrategias no rinden frutos de manera pronta, el país se verá forzado a retornar a instrumentos como la aspersión aérea pese a las consideraciones en contra de esa estrategia que han surgido de las evaluaciones realizadas sobre las experiencias del pasado.
2017-09-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 69. Junio 2017Fedesarrollohttp://hdl.handle.net/11445/34202020-09-28T16:10:27Z2017-06-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 69. Junio 2017
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Saavedra, Víctor; Perfetti, Juan J.
El pasado 29 de mayo se expidió el decreto Ley 902 o decreto Ley de Tierras, mediante el cual se da cumplimiento a diversos puntos del Acuerdo Final de Paz con las FARC. El decreto ley expedido constituye una versión considerablemente más sencilla y menos polémica de una primera versión, que el Gobierno socializó bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La primera versión, que recibió serios cuestionamientos por parte de los gremios del sector agropecuario y de otros sectores de la sociedad, derogaba la Ley 160 de 1994, establecía un nuevo marco normativo para la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural y definía los procesos para asignar, restituir, sancionar y reglamentar los derechos de uso y propiedad en relación con la tierra. Las críticas al proyecto de decreto ley original llevaron a que fuera separado entre el decreto ley finalmente expedido y un proyecto de ley que el gobierno se comprometió a presentar.
El decreto ley 902 de 2017 crea un Fondo único de tierras, unifica los procedimientos para la asignación de los predios en el país, y crea un registro de beneficiarios con criterios de focalización. Se establece, además, que todas las adjudicaciones directas de tierra deben estar acompañadas de un proyecto productivo. El decreto crea, para la compra de tierra, un subsidio integral y una línea especial de crédito subsidiado. Instrumentos del decreto como el barrido predial en las zonas focalizadas y la formalización por vía administrativa de los títulos, cuando no haya oposición, deberán mejorar la efectividad de la ANT.
Quedan en cualquier caso múltiples retos para el proyecto de Ley que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá radicar en el futuro cercano. Entre esos retos se destaca la creación del derecho real de superficie, mediante el cual se abre la posibilidad de facilitar el uso de la tierra en explotaciones comerciales sin asignación de título, permitiendo así una mayor inversión privada y la utilización del potencial productivo del campo. Así mismo, el proyecto de ley deberá avanzar en una mejor definición del rol de las comunidades, y de las condiciones para la expropiación y extinción de dominio, evitando la excesiva discrecionalidad que en la primera versión del decreto ley se otorgaba a la ANT para que adelantara esos procesos por vía administrativa. También queda pendiente la tarea de avanzar en esquemas que busquen reducir el uso inadecuado del suelo mediante el cobro de impuestos prediales ajustados al verdadero valor de la tierra rural y que faciliten la formalización de la propiedad de la tierra, para lo cual el catastro multipropósito resultará de gran importancia. Por otra parte, para cumplir con los retos del desarrollo rural integral planteados en el acuerdo de paz deberá haber voluntad política y eficacia presupuestal y administrativa para fortalecer la Agencia Nacional de Tierras y adecuarla a las demandantes funciones que se le han asignado.
2017-06-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 68. Marzo 2017Fedesarrollohttp://hdl.handle.net/11445/33562020-10-02T15:06:27Z2017-03-01T00:00:00ZEconomía y Política. No. 68. Marzo 2017
Fedesarrollo
Saavedra, Víctor
El financiamiento pleno de las campañas políticas no parece estar en línea con lo que sucede en la experiencia internacional. Además, la propuesta de financiar los gastos de las elecciones de 2018 y 2019, que incluyen elecciones al Congreso, Presidencia, y locales, llevarían a unos gastos que podrían ascender a $5,15 billones si se sinceran los gastos de campaña. En el escenario fiscal actual estas cifras pueden ser prohibitivas. Finalmente, modificar la financiación electoral sin considerar los factores que explican el elevado gasto, puede terminar aumentando el gasto promedio por encima del tope de las campañas sin lograr reducir los aportes propios y de donaciones en efectivo o través de fundaciones, (que se podrían dar de forma ilegal).
Frente a la ausencia de una institución que haga control efectivo a los partidos políticos y al gasto de las campañas, por su falta de capacidad técnica y de autonomía política para sancionar, la definición de topes podría resultar inocua en la medida en que sigan existiendo gastos ilegales no registrados. En consideración de Fedesarrollo, hay iniciativas y propuestas orientadas a desestimular y controlar malas prácticas en la financiación de las campañas políticas en Colombia.
2017-03-01T00:00:00Z