En 1986, año en que se aprobó la elección popular de alcaldes, empezó en Colombia el proceso de descentralización después de casi un siglo de centralismo plasmado en la Constitución de 1886. La descentralización política se profundizó con las reforma constitucional de 1991, a través de la cual se avanzó en la descentralización administrativa. Desde principios de los noventa los departamentos y municipios empezaron a recibir transferencias del gobierno central destinados en su mayoría a gastos en educación y salud.