"El objetivo de este artículo es analizar algunos problemas de la financiación de la educación y la salud públicas, especialmente aquellos relacionados con los criterios y fórmulas para la asignación de recursos a las entidades territoriales, la confusión en las responsabilidades por nivel para administrar y financiar los diferentes servicios, y las debilidades que afrontan las entidades territoriales en la administración de la educación y salud públicas. Con la aplicación del esquema de asignación de recursos establecido por las leyes 60 y 100 de 1993 no sólo se han garantizado aumentos importantes en la financiación de estos sectores, sino mecanismos para un manejo cada vez más descentralizado de los servicios de salud y educación. Los beneficios del esquema de transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios, y el proceso de descentralización en educación y en salud, son bastante conocidos y han merecido la atención de un buen número de analistas. Los problemas inherentes al esquema de asignación de recursos a los sectores sociales, en cambio, han sido poco estudiados y discutidos, a pesar de sus implicaciones en el desarrollo de los programas sociales básicos, y de los múltiples inconvenientes que han generado para la consolidación del proceso de transferencia de recursos y responsabilidades a los niveles locales."