"La conjunción de la ofensiva guerrillera y las necesidades presupuestales de la Fuerza Pública han llevado al Gobierno Nacional a proponer al Congreso de la República un proyecto de Ley destinado a recaudar ingresos adicionales para el Ministerio de Defensa. Esto ha generado una fuerte reacción de los gremios y de diferentes sectores de la opinión pública que reclaman mayores resultados en la lucha contra la delincuencia. Simultáneamente, la Comisión de Racionalización del Gasto Público ha sugerido mantener el nivel del gasto en justicia y seguridad para controlar el déficit de las finanzas públicas. El gasto en seguridad y defensa se ha venido incrementando de manera sistemática. Sin embargo, los resultados no son visibles para la sociedad colombiana. El gasto público es un medio, importante, por el cual las políticas se llevan a la práctica, pero no puede convertirse en el eje de la toma de decisiones. Detrás de esta discusión, se encuentra el debate sobre las causas de la violencia y las formas de combatirla, enfrentando nuevamente a los defensores del gasto social con los que apoyan una priorización absoluta en favor de los organismos de seguridad del Estado. El presente trabajo se articula en cuatro capítulos además de la introducción, en los cuales se analizan la situación de criminalidad y orden público actuales (capítulo II), el marco conceptual del debate sobre la seguridad y su estado actual en Colombia (capítulo III), la evolución reciente del gasto militar y su comparación con el gasto social (capítulo IV), y la necesidad de una política de seguridad y de construir una estrategia (capítulo V)."