"El gasto público en Colombia está atravesando por una difícil coyuntura. De una parte, las transferencias ordenadas por la Constitución de 1991 desde el Gobierno Central hacia las entidades descentralizadas territorialmente han tenido un crecimiento notable, y aumentarán aún más en lo que resta del siglo. De otra parte, el gasto del Gobierno Central también viene aumentando a tasas aceleradas. El país no podrá seguir haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. O bien desacelera las transferencias, o bien modera el crecimiento del gasto en el nivel del Gobierno Central. Pero si insiste en avanzar en los dos frentes simultáneamente vamos a afrontar una severa crisis fiscal en pocos años. Actualmente el Gobierno central está transfiriendo a las entidades descentralizadas territorialmente cerca del 50% de las rentas nacionales, en desarrollo de las disposiciones constitucionales que ordenan lo pertinente al situado fiscal y a la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación. El gran dilema de las finanzas públicas de los años venideros, radica en: ¿cómo hacer compatible un proceso de descentralización de la profundidad del que diseñó el constituyente del 91 con la estabilidad del manejo macroeconómico del país? La respuesta a este interrogante es simple y compleja. Simple, la solución es obvia: hay que achicar el tamaño del Gobierno Central para esta hay que|| desacelerar el crecimiento de sus gastos, si queremos hacer al mismo tiempo descentralización y estabilidad fiscal. Es también un complejo desafío, porque la implementación del propósito de achicar el tamaño del Gobierno Central requiere de una inmensa decisión política, puesto que reducir burocracia y gastos de funcionamiento pisa varios intereses."