"Antes de entrar en el análisis del contenido de esta ley, es importante aclarar su origen, tanto desde el punto de vista constitucional como de la coyuntura particular que hizo posible que se concretara al finalizar 1993. La Constitución Política de Colombia de 1991, contiene tres artículos que hacen referencia explícita al apoyo que el Estado debe otorgar al sector agropecuario. El artículo 64, se refiere al acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra y a los servicios, entre otros El artículo 65 plantea que la producción de alimentos debe gozar de la especial protección del Estado, dando prioridad tanto al desarrollo integral de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustrial El artículo 66 se refiere a la posibilidad de reglamentar el crédito agropecuario en condiciones especiales, teniendo en cuenta la peculiaridad de la producción agropecuaria... El desarrollo a nivel legislativo se dio por parte del Congreso de la República, como resultado, en parte, de la presión ejercida por los gremios de la producción agropecuaria que tienen asiento en la Sociedad Colombiana de Agricultores, SAC. Producto de la concertación entre los gremios, el Congreso y el Ejecutivo se obtuvo la ley que pasamos a comentar. En ella se refleja claramente un conjunto variado, y no necesariamente armónico, de intereses. Por una parte, aquellos preocupados por el corto plazo y, bajo el diagnóstico de que apertura, con una competencia extranjera despiadada a la producción nacional. Por otra, aquellos que intentaban generar los incentivos necesarios distintos a la protección para que el sector rural volviese a ser atractivo para la inversión. Finalmente, aquellos preocupados por mejorar las condiciones de acceso a la tecnología que hiciesen posible aumentos en la productividad agropecuaria y de comercialización."