"En mi libro Historia del Sindicalismo Colombiano, después de analizar algunos de los efectos indeseables de la acción sindical sobre el proceso inflacionario y sobre la tasa de desarrollo económico de un país, concluía que los aspectos positivos del sindicalismo compensaban ampliamente sus desventajas. En los últimos años se ha vuelto de moda hablar de la participación popular en la toma de decisiones y en el gobierno. Para que esta participación sea efectiva, los sectores populares tienen que organizarse, y hasta ahora las únicas organizaciones populares que perduran y tienen vida propia son los sindicatos. A través del arma de la huelga, este tipo de organizaciones también tienen un mecanismo que les da poder. Pero existen casos en que el derecho de huelga puede darle un poder excesivo a un grupo determinado. Una de las condiciones para el buen funcionamiento de un régimen democrático es la no concentración del poder. En Colombia, la legislación laboral limita el derecho de huelga en los servicios públicos. Infortunadamente, la definición de servicio público es demasiado amplia e incluye sectores como el transporte público, los bancos, los educadores y los empleados públicos. Probablemente sería mejor para el proceso democrático y para la paz pública si en Colombia se les extendiera el derecho de huelga a muchos trabajadores que hoy no lo tienen. En países como Colombia la acción política más efectiva para un grupo pequeño es la amenaza de turbar el orden público. En esas condiciones la prohibición de hacer huelga en los servicios públicos les da más poder a los trabajadores de ese sector que si fuera legal la huelga."