"Los primeros cincuenta años de actividad petrolera en Colombia, estuvieron regidos por el sistema de concesiones. Posteriormente en 1951, el Estado a través de Ecopetrol inició su intervención directa en las fases de exploración, explotación, refinación y distribución de hidrocarburos y a partir de 1960, efectuó el tránsito hacia sistemas diferentes de contratación, los cuales se cristalizaron jurídicamente en la Ley 20 de 1969. Dicha Ley establece el marco jurídico que permite celebrar Contratos de Asociación en Colombia y dispone que el Gobierno podrá declarar reserva nacional cualquier área petrolífera de su territorio y aportarla a la Empresa Colombiana de Petróleos para que ésta la explore, explote y administre directamente, o en asociación con el capital público o privado, nacional o extranjero. La situación de precios internacionales del crudo, prevaleciente en la década del 60, unida a los altos costos y riesgos que históricamente han caracterizado la exploración petrolera en el país, no ofrecieron por aquellos años un panorama favorable al desarrollo intensivo de las actividades exploratorias en Colombia. Esta previsible reactivación de la exploración, no se produjo inmediatamente en el país, como hubiera sido deseable, entre otros por los siguientes factores: - La situación financiera de Ecopetrol. - La prioridad de inversiones en Ecopetrol estaba orientada hacia el desarrollo del sector petroquímico. - El hecho de no existir un precio definido para la parte del crudo correspondiente al asociado, creaba incertidumbre sobre la viabilidad económica de la exploración de riesgo."