"Desde hace años existía preocupación por la efectividad de la ley 26 de 1959 para encauzar recursos hacia el sector agropecuario. Se consideraba que había apreciable desviación de dichos recursos, que el sistema por ella establecido no permitía una adecuada programación de la producción agropecuaria, y que los plazos de los préstamos eran insuficientes para ciertas actividades, especialmente pecuarias y cultivos de tardío rendimiento. Surgió entonces la idea de transformar el sistema de la ley 26 por un mecanismo análogo al del Fondo Financiero Agrario. La ley 26 se basaba en la obligación impuesta a las entidades bancarias de destinar no menos del 15% de sus depósitos en cuenta corriente a operaciones calificadas como de fomento agropecuario. La ley señaló tasas de interés de subsidio y plazos máximos para los créditos de fomento agropecuario, superiores a los autorizados para préstamos ordinarios. Es importante observar, sin embargo, que los bancos preferían no utilizar los plazos máximos, debido a las bajas tasas de rendimiento y a la menor rotación de la cartera. El Fondo Financiero Agrario se basaba en una mecánica distinta. Merced al margen de redescuento y a la tasa inferior del mismo, resultaba un interés efectivo para los bancos del orden de 18.6% anual, suficientemente atractivo para promover los préstamos en referencia. Desde 1968 se inició la preparación de un proyecto que transformara la ley 26 en un sistema análogo al del Fondo Financiero Agrario, pero de mayor amplitud, abarcando también préstamos a mediano y largo plazo, cultivos de mediano y tardío rendimiento, labores pecuarias y otras de carácter agrario."