"El gobierno democrático inició su gestión en marzo de 1990, con una serie de factores a su favor. Chile ya había puesto en marcha una serie de reformas estructurales (precios libres, reforma comercial y fiscal, privatizaciones) que habían incrementado la competitividad de la economía y la eficiencia del sector público. Sin embargo, el gobierno democrático enfrentaba también varios desafíos importantes durante su primer año de gestión. Por una parte, debía crear un clima de confianza en el empresariado, amenazado ante el cambio de régimen político. Por otra, debía sentar las bases para la incorporación gradual a los beneficios del crecimiento económico de sectores que durante largo tiempo fueron relegados y establecer los mecanismos de coordinación de política económica requeridos por la nueva institucionalidad. Estos objetivos debían ser alcanzados en un entorno macroeconómico relativamente inestable, pues la economía mostraba signos claros de sobrecalentamiento, y las perspectivas en el ámbito internacional eran menos favorables que en los años anteriores."