En este estudio se analizan los puntos del Acuerdo de Paz de la Habana referentes a la Reforma Rural Integral (Punto 1) y a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas (Punto 4), con el fin de identificar los principales desafíos que éstos plantean en materia de políticas públicas y proponer recomendaciones para su implementación. En el análisis se da atención especial al carácter participativo del Acuerdo y en particular al papel de las comunidades. Adicionalmente, el estudio presenta un cálculo indicativo del costo fiscal asociado a los compromisos derivados de los puntos 1 y 4 del Acuerdo para los próximos 15 años. El presente informe está dividido en seis capítulos más un resumen ejecutivo que incluye la introducción y principales recomendaciones del estudio. El primer capítulo trata el tema de la tierra, punto neural del Acuerdo. El segundo capítulo se dedica al punto 4 del Acuerdo que trata sobre la sustitución de los cultivos de uso ilícito. En el tercer capítulo se analiza lo relacionado con los planes de desarrollo con enfoque territorial. El capítulo cuarto revisa los Planes Nacionales a los que se refiere el Punto 1 del Acuerdo. En el capitulo quinto se ahonda en el concepto de participación comunitaria y su papel en el desarrollo de los territorios rurales. En el sexto y último capítulo se presentan algunas reflexiones sobre el financiamiento de los puntos 1 y 4 del Acuerdo y los resultados del ejercicio de costeo. Entre las recomendaciones del estudio se destacan las siguientes: i) en el tema de tierras, se plantean propuestas relacionadas con el catastro, impuestos prediales, uso y tenencia de la tierra, creación de Zonas de Reserva Campesina y se sugiere adelantar un estudio que permita determinar la necesidad de compra de tierras para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo; ii) en lo referente a los cultivos de uso ilícito, se recomienda privilegiar la erradicación voluntaria pero sin descartar la erradicación forzosa, incluida la aspersión aérea. Asimismo, se sugiere llevar los programas de desarrollo alternativo a todas las zonas afectadas por estos cultivos y a todas las comunidades presentes en esos territorios; iii) con respecto a los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET, se recomienda el fortalecimiento de las capacidades técnica, económica, financiera y administrativa de los entes regionales y locales, así como también la creación de instancias de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre los sectores público, privado y la sociedad civil; iv) sobre los Planes Nacionales, se propone la creación de una comisión intersectorial para el desarrollo rural para asegurar la adecuada coordinación en la ejecución de estos planes; v) en el tema de participación comunitaria, se señala su carácter flexible y la necesidad de que el gobierno haga una lectura adecuada de cada contexto para establecer cómo se puede dar esta participación; vi) por último, en lo referente al costo de los puntos 1 y 4 del Acuerdo, se estima que tendría un impacto fiscal neto anual de 0,49 por ciento del PIB durante los próximos 15 años.