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La teoría económica enfatiza los múltiples beneficios asociados con la libre competencia en los mercados, tanto en materia de eficiencia y crecimiento económico como de bienestar de los consumidores. Las investigaciones empíricas han comprobado que estos beneficios son sustanciales. Por estas razones todos los países han adoptado normas de protección a la competencia económica y a los derechos de los consumidores y han buscado un ordenamiento institucional que permita la efectiva aplicación de esas normas. En Colombia el tema fue reglamentado inicialmente por la Ley 155 de 1959. Los constituyentes de 1991 elevamos la libre competencia económica a la categoría de derecho colectivo, susceptible de defensa mediante el instrumento de la acción popular, y el texto de la nueva Carta Constitucional ordenó al Estado promover la competencia en todos los ámbitos de la economía, incluido de manera especial y explícita en el de la prestación de los servicios públicos domiciliarios (artículos 88, 333 y 334). El Decreto 2153 de 1992 adecuó algunas de las normas vigentes a los mandatos de la nueva Carta.