En la última década Colombia ha alcanzado indiscutibles avances en el frente económico, lo cual le ha permitido materializar importantes conquistas en lo social. Ejemplo de ello es el sólido incremento del 40% en el ingreso per-cápita entre 2002 y 2012, con la consiguiente disminución de los niveles de pobreza desde un 49,4% en 2002 hasta el 34,1% en 2011. Sin embargo, todavía persisten fallas estructurales desde el punto de vista normativo que impiden emparejar los avances del país con mejores niveles de igualdad, empleo y formalidad. De hecho, Colombia es el país más desigual en términos de ingresos en Suramérica y el cuarto de América Latina y el Caribe (LAC), superado sólo por Haití, Guatemala y Honduras (CEPAL, 2012). De igual forma, mientras que en países como México la tasa de desempleo ha permanecido en un dígito y sube por encima del 5% solo en los momentos de mayor crisis económica, la de Colombia tan solo logró una tímida reducción a niveles del 9,8% en 2012, luego de una década de desempeño económico notable. Finalmente, Colombia enfrenta el crudo fenómeno de la informalidad, que si bien es recurrente en las economías en vía de desarrollo, se vive más intensamente en nuestro país.