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La tecnología está avanzando rápidamente y en muchas direcciones, influenciando la forma como vivimos, fomentando la aparición de nuevas industrias y negocios y cambiando la forma en la cual se organiza la economía. El uso extendido y el impacto de Internet y de la informática en todos los sectores económicos les otorga el carácter de tecnologías de uso general, que tienen el potencial de transformar las economías y aumentar la productividad. A medida que el uso de Internet se extiende a nivel mundial, las herramientas tecnológicas y los flujos de información se convierten en un motor cada vez más importante del crecimiento económico. Una investigación del McKinsey Global Institute (2016) identificó un grupo de 12 tecnologías disruptivas que podrían tener un potencial significativo sobre la forma como funcionan las industrias y la economía en general. Las tecnologías consideradas en el análisis incluyen: Internet móvil, Internet de las cosas, robótica avanzada, impresión en 3D y tecnologías en la nube. El impacto estimado es enorme pero los beneficios de la revolución digital no son automáticos ni están plenamente garantizados. Por el contrario, el grado en que puedan aprovecharse las oportunidades que surgen de esa revolución depende críticamente de la capacidad de los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general para adaptarse a los cambios que ella impone. Uno de los frentes sobre los cuales se espera que la economía digital genere importantes disrupciones es el mercado laboral. La magnitud de dichas disrupciones ha sido un tema ampliamente estudiado y debatido en los últimos años y los efectos que han sido discutidos van desde la destrucción de puestos de trabajo hasta la creación de nuevas industrias y ocupaciones que aún no nos imaginamos. En este contexto, el propósito del presente Editorial es analizar los posibles efectos de las tecnologías disruptivas sobre el mercado laboral y discutir las acciones de política necesarias para facilitar la transición a la economía digital, haciendo énfasis en el caso colombiano.