Fedeseguridad

La última década ha sido testigo de una importante expansión de los servicios de seguridad y vigilancia en América Latina, con una tasa media de crecimiento anual del 8%, casi el doble de la tasa global de expansión de la seguridad privada. De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia en 2016 el sector contaba con cerca de 900 empresas, la mayoría de ellas pequeñas y empleaba a más de 256 mil personas. Sin embargo, dado que en el sector existe una alta informalidad, estas cifras podrían estar subestimadas. En todo caso, se trata de un sector relevante para la economía y dado su objetivo, también para la seguridad ciudadana. La adecuada regulación de la seguridad privada es crítica, pues por su naturaleza, se trata de un sector que implica altos riesgos tanto para los prestadores como para los usuarios del servicio. Como se describe en el presente trabajo, uno de los principales problemas de los que adolece el sector es que el marco normativo que rige actualmente tiene más de 20 años de vigencia, aun cuando las necesidades y alcances se han trasformado con el tiempo y nuevos elementos como la tecnología han entrado a jugar un papel relevante en la gama de servicios que se ofrecen. En consecuencia, la adecuación de la regulación requiere de especial atención. El propósito del presente estudio, elaborado para Fedeseguridad, es hacer un diagnóstico de la situación del sector en Colombia, principalmente en los servicios de vigilancia privada y transporte de valores, reconociendo los principales retos que enfrenta hacia el futuro en materia de regulación, mercado laboral y sistema de contratación.