Banco Interamericano de Desarrollo - BID

De acuerdo al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Intereses, el Tráfico de Influencia y la Corrupción del año 2015 1: “Las compras públicas son un aspecto clave dentro de la administración del Estado y representan un factor determinante en la calidad de los servicios que éste entrega y en la infraestructura que provee. Es así que el buen funcionamiento del sistema compromete el interés general y por ello es de vital importancia que en sus mecanismos y procesos se asegure la transparencia y eficiencia, se promueva la competencia y se minimicen los riesgos de corrupción.” (Consejo Asesor Presidencial, 2015). Cada vez más el sistema de compras públicas es considerado como una herramienta de gobernanza estratégica para los gobiernos. Sin embargo, este sector presenta características que lo hacen vulnerable al fenómeno de la corrupción y aquello pone en riesgo todos los potenciales beneficios que puede producir en distintas áreas de la economía. Aquello ha planteado la necesidad de buscar constantemente formas de perfeccionar su funcionamiento, lo que se ha visto reflejado en el desarrollo de estudios por parte de distintos actores, los cuales han avanzado en diversas propuestas. Una de ellas ha sido hacer uso de la big data que se origina en las plataformas electrónicas de compras públicas para determinar potenciales riesgos de corrupción. En este sentido, el sistema de compras en Chile no es ajeno a la corrupción, por lo que, siguiendo las recomendaciones de la literatura, este documento estudia el sistema de compras públicas en Chile a partir del uso de datos como herramienta en la lucha anti corrupción. Para ello, se utiliza la información producida por la plataforma electrónica denominada Mercado Público, siguiendo la metodología diseñada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esta metodología se basa en dos pasos secuenciales, siendo el primero la búsqueda de patrones de riesgo a partir de ejercicios exploratorios sobre compradores, proveedores y tipos de contratación, mientras que el segundo es la construcción de un índice de riesgo de corrupción basado en indicadores asociados a competencia, transparencia y anomalías o violaciones a la ley.