Políticas para la inclusión social y productiva
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Fecha
2025-12Citación
Mejía, L. F.; Fernández, C., & Ramírez, S. (2025). Políticas para la inclusión social y productiva. Bogotá: Fedesarrollo, 30 p.Metadatos
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Resumen
El principal desafío de la política social en los próximos años consistirá en continuar reduciendo la pobreza con recursos fiscales limitados y en presencia de retos estructurales en la inclusión productiva. En cuanto a la focalización de los programas sociales, persisten deficiencias en la asignación del gasto público ya que más del 30% de los recursos destinados a transferencias sociales en 2024 se asignaron a hogares no pobres. Adicionalmente, la pobreza se concentra en las poblaciones desempleadas e informales, que registran una incidencia de pobreza de 47% y 34%, frente al 6,1% observado entre los ocupados formales, lo que subraya la necesidad de políticas laborales que impulsen el empleo formal como instrumento clave para la reducción de la pobreza. Para enfrentar estos desafíos, en materia de inclusión social se propone consolidar una única transferencia monetaria focalizada en personas menores de 65 años en pobreza extrema, financiada con los recursos ya apropiados y complementada con la implementación del Pilar Solidario, lo que permitiría beneficiar a cerca de 9 millones de personas y reducir la pobreza extrema en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales. Por otra parte, se destaca la importancia de utilizar la política laboral como un instrumento complementario de la política social, orientado a los segmentos de la población con mayor incidencia de pobreza. En este contexto, se plantea la adopción de tarifas marginales progresivas en las contribuciones a salud y la ampliación de la posibilidad de cotizar a pensión por semanas. También se propone la creación de un seguro de desempleo y avanzar en un marco laboral diferenciado para el sector rural. Asimismo, se sugiere extender la regulación diseñada para las plataformas digitales de reparto a otras actividades que gestionan recurso humano, incorporando explícitamente al sector rural. Por último, se plantea desarrollar una infraestructura pública de productividad que ofrezca servicios empresariales básicos y un sistema de certificación de competencias laborales.
Abstract
The main challenge for social policy in the coming years will be to continue reducing poverty with limited fiscal resources and in the presence of structural constraints on productive inclusion. Regarding the targeting of social programs, deficiencies persist in the allocation of public spending, as more than 30% of the resources allocated to social transfers in 2024 were directed to non-poor households. Additionally, poverty is concentrated among the unemployed and informal workers, who exhibit poverty rates of 47% and 34%, compared with 6.1% among formal workers, underscoring the need for labor policies that strengthen formal employment as a key instrument for poverty reduction. To address these challenges, the proposal for social inclusion centers on consolidating a single monetary transfer for individuals under 65 living in extreme poverty, financed with resources currently allocated to existing social programs and complemented by the implementation of the Solidarity Pillar. This measure would benefit nearly 9 million people and reduce extreme poverty by approximately 1.5 percentage points. The proposal also emphasizes the role of labor policy as a complement to social policy, especially for population groups with the highest incidence of poverty. In this regard, it includes the adoption of progressive marginal rates for health contributions and the expansion of the option to make pension contributions on a weekly basis. It further recommends establishing an unemployment insurance scheme and advancing toward a differentiated labor framework for the rural sector. In addition, it suggests extending the regulatory framework initially designed for digital delivery platforms to other activities that manage human resources, explicitly incorporating rural workers. Finally, it calls for the development of a public productivity infrastructure that provides basic business services and a system for certifying labor competencies.